Ordenaron la prisión preventiva al acusado de matar a Juan Ochoa

Durante una audiencia el Tribunal de Impugnaciones resolvió la prisión preventiva para Santiago Gil, por el término de 60 días, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial de la ciudad de San Luis. Está imputado por el homicidio de Juan José Ochoa, ocurrido el 15 de enero pasado.

Minutos antes de las 10, los familiares de la víctima y Gil se encontraron en la puerta del Poder Judicial. La mamá y el papá de Ochoa llegaron desde Coronel Moldes con carteles pidiendo justicia, pero "sin esperanzas".

"¿Quién puede olvidar a un hijo? No lo voy a dejar de llorar mientras viva. Lo único que quiero es que cumpla su pena", dijo Blanca en diálogo con El Chorrillero.

Tres días después de ser detenido el juez Matías Farinazzo Tempestini ordenó la libertad, y la familia se quedó sin entender, y con un dolor irreparable.

El fiscal José Olguín, que había pedido 4 meses de prórroga por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, apeló la resolución y hoy se llevó adelante la audiencia. "Esto no es cuestión de hablar de garantismo, esto es una incompleta interpretación de la ley, es interpretar los derechos de una persona sin una consecuente responsabilidad, interpretar el derecho de una persona que no tenga ninguna responsabilidad con la sociedad", lo resumió.

Recordó que Farinazzo Tempestini había considerado “que existían elementos suficientes, claramente para en esta etapa procesal, para acreditar el hecho y la participación del imputado”. Destacó además que “reconoció la gravedad, la violencia desplegada” dado el motivo “pequeño” por el cual le causó la vida.

Sostuvo que el juez dijo que “era razonable el pedido de prórroga de 4 meses para una persona que se arriesga a una pena de hasta 25 años de prisión”, y que en tres oportunidades dijo que no tendría en cuenta la lesión que el acusado tenía en un pie.

En otro punto se centró que la causa “está basada en los testigos presenciales” del crimen, y señaló que la acusación se basa en todas esas declaraciones. Sostuvo que la libertad de Gil puso a los testigos entre el miedo, la presión y la inseguridad. “Todos viven en el mismo lugar y vieron cómo Gil apuñaló a Ochoa”, acotó.

“Esto implica que no se sientan mínimamente seguros, al ver que luego de presenciar esa situación y venir prestar testimonio, se enteraran que Gil estaba en libertad. Eso es una cuestión de entorpecimiento”, añadió.

“El concepto parece razonable, más que conforme, y que permita que la causa se pueda instruir con paz y tranquilidad”, dijo en relación al pedido para que el imputado esté 4 meses tras las rejas, mientras se avanza en el proceso que lo llevará al juicio oral.

Cuestionó que más allá del peso legal que tiene ser testigos, “estas personas no tienen por qué estar teniendo miedo a posibles represalias de una persona que ha ejercido este tipo de violencia”.

“Les exigimos cosas que no deberíamos, como si fueran héroes. No tienen que estar preocupados de qué les va a pasar porque la persona contra que declararon anda libre y puede desquitarse contra ellos. Debe haber una respuesta a la sociedad, somos miembros de un organismo público y tenemos que responder a ello con criterios, consideró.

“Hay que ponerse en la situación de una persona que vio directamente matar a otra en el pecho esté libre. Hay que ver el grado de confianza que tienen ahora en la Justicia”, también aclaró.